He aquí la primera producción oficial e imperdible de La Dramática Errante (María Goiricelaya y Ane Pikaza) de estreno en Arriaga a finales de mes. En la madrugada del 15 de Octubre de 2016 en Altsasu, se produce un altercado en el que se ven implicados varios vecinos del pueblo, dos agentes de la guardia civil y las parejas de éstos.
En menos de 24 horas Altsasu se convierte en un plató de televisión y en un asunto de Estado, cuando el colectivo de víctimas del terrorismo denuncia los hechos ante la audiencia nacional.
Esta organización introduce la acusación de terrorismo contra ocho jóvenes, con peticiones fiscales de entre 62 y 12 años de prisión. El juicio, material del que parte esta pieza, es un símbolo del recorte de las libertades, el abuso de la expresión "terrorista" y a la vulneración del derecho a un juicio justo.
Estreno en el Teatro Arriaga
Funciones
Día 28 - 19:30h. Estreno en euskera
Día 29 - 19:30h. Estreno en castellano
Día 30 - 19:00h. Estreno en castellano
En la madrugada del 15 de octubre de 2016, se produce a las puertas del bar Koxka, en Altsasu (Navarra) un altercado en el que se vieron implicados varios vecinos del pueblo, dos agentes de la Guardia Civil y las parejas de éstos. El resultado fue de dos detenidos y un tobillo, el del teniente, roto. En menos de 24 horas Altsasu se convierte en un plató de televisión y en menos de un día y medio el caso es un asunto de Estado. Los denunciantes se niegan a declarar ante la Policía Foral, algo que sí hacen ante sus compañeros de la Guardia Civil.
El giro de este espectáculo se produce cuando COVITE, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, denuncia los hechos ante la Audiencia Nacional. Esta organización introduce la acusación de terrorismo y el operativo policial contra nueve jóvenes se pone en marcha. Siete de ellos ingresan en prisión inmediatamente. A la vista oral que comienza el 16 de abril de 2018 se llega con peticiones fiscales de entre 62 y 12 años de prisión para ocho jóvenes. El juicio es seguido con expectación en todo el estado español por lo que puede significar de cara al recorte de las libertades y el abuso de la expresión “terrorista” que impulsa la Fiscalía.
